Capitalismo y burocracia, un debate actual (página 2)

Confiando en su proyecto político, el capitalismo, centrado además en promover el desarrollo de sus empresas, descargó sobre la burocracia el ejercicio práctico del poder político, mientras se entregaba a un mayor desarrollo de sus actividades mercantiles. Con tal estrategia se desentendió del necesario ejercicio de la violencia, inserto en el ejercicio del poder oficial, encomendándola a la clase política 16. Establecido el Estado de Derecho como instrumento de control, cuyo marco operativo no podía eludirse, la burocracia asumió el papel de instrumento político del orden establecido por el capitalismo sobre la base de la fuerza económica. Sin embargo, aunque confinada en los límites marcados por el Derecho, la política disponía de un amplio marco de discrecionalidad ante la necesidad de asumir actividades no previstas o no excluidas por las normas jurídicas. Entregada a la burocracia, conforme al método establecido por la democracia representativa, la función quedó reservada a la clase agrupada en torno a los partidos; de manera que para el ejercicio de la política pasó a ser requisito imprescindible la adscripción a un partido. Además se impuso la exigencia de facto de realizar la carrera política en su seno, a menudo bastando para ello desempeñar algún puesto en el organigrama del partido superando la condición de militante de base.

Definida la política conforme a las reglas establecidas por el Estado de Derecho, se abre el camino a la profesionalidad en orden a su ejercicio, lo que implica que el ciudadano común no profesional queda excluido del ejercicio político. Si bien cualquier persona puede emprender el camino exigido para intervenir en la política, tiene que cumplir con algunos de los requisitos fundamentales; por ejemplo, pertenencia a la clase, encuadramiento en partido y actividad con proyección política a través de los cauces previstos. Fuera de aquí, en los demás casos no se trata más que de dar expresión a lo político, a través del voto y la adhesión al grupo desde una relación de empatía. Al no darse una representación real, en la democracia vigente, el papel político del ciudadano se ha desnaturalizado, por cuanto vota, pero las determinaciones de gobierno corresponden a otros, a los que no se exige atender, cuanto menos, al sentido que va implícito en el voto. De manera que el grupo elegido, que asume a través del voto la fuerza colectiva alienada de su tenedor natural, al no quedar vinculado a la fuerza social que allí le ha situado, adquiere poder independiente del que coincide con la fuerza electoral. La razón se encuentra en la legitimidad, por cuanto esta hace remisión a lo legal. Es decir, la fuerza de la burocracia política responde al principio de legalidad, no al de la voluntad de los electores, que solamente es un primer momento del proceso, ya que se trata de un procedimiento para individualizar al grupo legitimable. Por tanto, la base del poder no es la fuerza natural determinante, sino un acto a posteriori, la legitimidad. Esta implica capacidad de ejercicio en exclusiva con remisión a un principio de racionalidad torticera. La que artificialmente se remite a la voluntad general que se hace depender de la mayoría del voto, confundiendo la primera con esta última. Así, semejante legitimidad pasa a ser fuerza de naturaleza legal indebidamente asociada a la voluntad popular, que puede no ser coincidente con la expresada a través de las urnas. Por tanto, la democracia representativa no es mas que democracia de la legalidad.

• 16 El ejercicio del poder siempre conlleva algún grado de violencia. En el orden capitalista esa violencia se suaviza, se torna sibilina, se cubre de apariencia legaliforme e incluso avanza un paso más: su ejercicio legal se encomienda a una esfera ajena a la fuerza real.

El Derecho pasa de ser instrumento del poder real -el capitalismo- a construirse, mixtificado con la democracia representativa, en fuerza real de facto. Con este método político, la fuerza que asume la garantía del orden primario real -el capitalismo- se enfrenta a la competencia de la fuerza del voto -el partido político-, que establece un orden derivado de la irrealidad de la falsa representación, haciendo suyo el ejercicio del poder en virtud de la legitimidad de la legalidad, pero asistida de una fuerza emergente surgida de la legitimidad democrática representativa.

Conviene observar que los términos en los que se ha construido la legitimidad enlazan con la ficción. Se ha tratado de una idea que parte de buscar argumentos que permitan justificar simples situaciones de hecho de carácter dominante, por las que una minoría gobierna a la mayoría, bien sea derivadas de la fuerza ejercida en forma de violencia o de otras acogidas a la legalidad -como puede serlo la mayoría expresada a través de las urnas-, e imponer finalmente tales situaciones como racionales -cuando son creencias- en la mente colectiva. La ficción responde a la falta de coincidencia con la realidad de fondo. Con la legitimidad de lo que se trata, en el supuesto más cercano a la racionalidad, es de anteponer a la voluntad general la voluntad de la mayoría expresada a través de las urnas y, en el caso de las situaciones de hecho, bajo la amenaza de la violencia. Sólo la voluntad general es legítima, las situaciones de hecho y las mayorías aspiran a una legitimidad inventada confundida con la legitimación, vinculada a la creencia como principio de justificación y de reconocimiento que usurpa la voluntad general.

Llegados a este punto cabe señalar el problema de la ductilidad de la legalidad. La norma, en principio sujeta a la racionalidad objetiva -acorde con lo que en su día Montesquieu aproximó a la naturaleza de las cosas-, se ha reservado a las determinaciones de racionalidad del que ejerce el poder, que tiende a convertirla en su razón excluyente. Las leyes que aspiran a ser racionales se maquillan fundamentadas en motivos. La exposición del motivo de la ley no es racionalidad en sí misma, sino la justificación de determinados intereses al amparo de la simple invocación de un interés general parcial o imaginario. De ahí que invocar la legalidad como garantía de la legitimidad del grupo que ejerce el poder no pase de ser un argumento endeble, sujeto a revisión y no siempre pacífico 17. Si a ello se añade que ese grupo dispone del monopolio temporal de la legalidad, no es aventurado observar que tiene las claves para adaptarla a la medida de sus intereses haciéndola maleable. No cabe sino reafirmar que la voz de la racionalidad no habla desde la subjetividad, sino por boca de la voluntad general. Sin embargo, contraviniendo la racionalidad, la práctica política se entrega a las determinaciones del grupo dominante en virtud de un espurio sentido de la representación colectiva 18.

• 17 Po ejemplo, Schmitt, C., "Legalidad y legitimidad"se opone a la idea de legitimidad como legalidad, al entender que la primera es un concepto supralegal.

Al excluir de la actividad política al ciudadano común, en virtud de la ficción representativa, en las sociedades gobernadas conforme al método de la democracia del voto puntual, se abre la puerta para que agrupaciones de intereses en el ejercicio del poder se instalen sobre las fuerzas reales aprovechando el Estado de Derecho para imponer sus particularidades. El sistema ha permitido que tal actividad grupal se haya convertido en profesión. La profesionalidad exigida en el ejercicio de la política ha sido implícitamente el argumento para reforzar la relevancia de una clase artificialmente creada alejándola cada vez más de la ciudadanía común. La dedicación a la política, en términos weberianos de vivir de la política 19, es una profesión adherida a la persona como rótulo circunstancial, simplemente diferencial de las personas, puesto que no requiere especial cualificación para su ejercicio, es decir, cualquier puede ser político. Sin embargo, este principio que afecta a los que desempeñan la función de gobernados, solamente se sostiene sobre la necesidad de los grupos políticos de cultivar la diferenciación social en base a la idea de clase, imponiendo la actividad ejercida a fin de establecer privilegios ante la masa. El principio de igualdad se ve afectado por la diferencia de posiciones entre el sentido común de lo político y el privilegio de la política.

A la vez que se consolida la clase política, el capitalismo, centrado
en la actividad comercial de masas, ha perdido parte del control que desde la
época burguesa venía ejerciendo sobre la política, cediéndolo
a la burocracia, que va construyendo una estructura jurídica a su propia
medida. Considerada en los comienzos una pieza sólida del orden capitalista,
ha alimentado en su interior la transformación del sistema. Al amparo
de la teoría de la división de poderes, las fuerzas de la burocracia
surgida del desarrollo del Estado de Derecho exigen autonomía en el ejercicio
de los respectivos poderes constitucionales. Si el legislativo defiende su poder
de hacer leyes sin interferencias, el judicial juzgar conforme a la ley, libre
de influencias políticas, y el ejecutivo se mueve conforme a intereses
de partido mayoritario, las respectivas burocracias dominan el panorama político
al margen de funciones estatales, del capitalismo y de las masas. Ante tales
avances, a la fuerza real no le cabría otra opción que desmontar
el mito e involucrarse en la gobernabilidad, pero el sistema de apariencia construido
para entretener a las masas se desmoronaría. Simultáneamente desde
la referencia de ese orden jurídico auspiciado por el capitalismo, actualmente
fuera de su control, la burocracia técnica, aunque dependiente de la
burocracia política, reclama una parte de poder sobre las mismas bases.
Su argumento de fuerza es que, dada la complejidad de las funciones asumidas
por el Estado, el procedimiento para la determinación de quienes deben
desempeñar el papel dirigente no es válido para completar las
funciones que le corresponden, de ahí que precise ser asistido por la
burocracia técnica. En virtud de la función asume ese poder residual
que los representantes políticos no puede ejercer en el orden práctico.
Dada su conexión con la realidad, pasa a ser el gobernante último.
Con lo que las posibilidades del capitalismo se estrechan todavía más.

• 18 No parece racional que una minoría selecta, definida por el voto, comprometa, aunque sea en tanto dure su mandato, los intereses de todos en virtud de ese sentido particularista de la autoridad y, gozando del amparo de la legitimidad y usando de la formalidad legal, no responda ante el colectivo por los perjuicios causados, argumentándose en todo caso responsabilidades políticas.

• 19 La política de los políticos que viven de la política haciendo de ella su profesión -véase Weber, M, "La política como vocación"-, han hecho de ella una actividad rayando en lo comercial, donde cada ejerciente mira prioritariamente tanto por sus intereses personales como por los del grupo para conservar el empleo y hacer de él lo más duradero posible.

En definitiva, tales circunstancias han determinado la aparición de una nueva fuerza soportada legítimamente en la legalidad del funcionamiento estatal, como algo inevitable en los modelos de sociedades avanzadas. No obstante, se ha pasado por alto que el Estado de Derecho, primero, lo es en cuanto se atiene al Derecho objetivo y nunca al derecho particularizado; segundo, cuando responde al modelo base de orden establecido por la ideología del capitalismo, en su condición de fuerza real; finalmente, hay Estado de Derecho si la voluntad general se impone tanto sobre los intereses del empresariado capitalista, como de la burocracia política.

Argumentos para la lucha por el poder

Aunque el poder ha sido venido siendo practicado por minorías, en la lucha por ejercerlo se involucra a las masas para que designen representantes, bien como moneda de cambio o sumergiéndolas directamente en la contienda. Dada su debilidad, durante casi dos siglos la burocracia política no había cuestionado el poder del capitalismo, respetando el entendimiento tradicional, pero ahora, apoyada en sus funciones estatales, el incremento de su autoridad e invocando el interés general que dice representar 20, aspira a imponerse y limitar la actividad del capitalismo a lo estrictamente económico, sometiéndolo a control y apropiándose de buena parte de los dividendos. Está cuestionando parcialmente el papel del capitalismo como fuerza dominante en la mayoría de las sociedades, invocando sus defectos y alegando que cuenta con la fuerza suficiente para desplazarle. Está preparada para mantener el orden social desde su modelo político de la legalidad, del que deriva su legitimidad, que pasa a ser una exigencia para ser reconocida como poder 21. Sin embargo pasa por alto que, aunque domine políticamente a las masas en los respectivos Estados, es el capitalismo el que sostiene su existencia, proveyendo disponibilidad dineraria y dirigiendo la marcha del consumo. Por contra, la función económica de la burocracia consiste en recaudar lo que producen otros para distribuirlo conforme a sus necesidades. No ha acreditado eficacia en el desenvolvimiento de la economía real y sí su incapacidad para la gestión de negocios.

• 20 La invocación del interés general es una formalidad que no ha perdido relevancia con el el paso del tiempo, porque es útil y resulta consecuente con la hipocresía exigida por el ejercicio político.

• 21 Hay que examinar en este punto la legitimidad burocrática más allá de una justificación y situarla en línea con lo que propone Habermas, J., "La reconstrucción del materialismo histórico", es decir, como exigencia de reconocimiento.

Aunque controle el funcionamiento del modelo económico empresarial a través de la hacienda y la política monetaria, la circulación efectiva del dinero depende exclusivamente del capitalismo, puesto que es quien, desde la fórmula de invertir capital para generar más capital, dispone de la capacidad en exclusiva para mantener la actividad económica real. Con lo que si el capitalismo se retrae -y lo ha venido demostrando con ocasión de las crisis económicas-, la burocracia -pese a sus ocurrencias para atajar la situación en base a políticas monetarias fundamentalmente- no dispone de capacidad para mover la economía, al faltar el motor de base. Pese a esta evidencia, la burocracia se ha autoemplazado en el centro directivo del sistema, tratando de obligar al capitalismo a pasar por sus disposiciones, argumentando que dispone de los medios de control de sus empresas, a través del monopolio de la legalidad del Estado de Derecho, y de las masas, utilizando la democracia.

Desde algún tiempo atrás el capitalismo comienza a tomar en consideración el poder que ha acumulado la burocracia política y el avance en la misma dirección de la burocracia técnica, ahora se propone limitarlos. Asistimos a un duelo de fuerzas en el que ambas partes tratan de utilizar su arsenal argumental para imponerse. El enfrentamiento tiene lugar en cuanto a la forma de ejercer la política. Para la burocracia es materia reservada en exclusividad a la clase política, pero la elite del poder económico no comparte su criterio. Las armas que se utilizan son, del lado de la burocracia, dar nuevos aires a los derechos propios de los seres humanos y la abierta manipulación de masas; del lado del capitalismo, el control del dinero y el retorno al nacionalismo, dejando a salvo lo provechoso de la globalización. Sintetizando el asunto, la burocracia política trata de ganarse a las masas para la defensa de sus propios intereses desde las libertades de artificio, el jolgorio popular, los derechos de papel, en suma, atrayendo para su causa a los partidarios de la verbena permanente prometiendo más y más ventajas sociales. El capitalismo lo hace ofreciendo seguridad económica y bienestar.

Actualmente la estrategia de la burocracia viene dirigida desde el plano internacional con el propósito de debilitar el Estado-nación, al que se le imponen indirectamente sus determinaciones con la finalidad de convertirse en un superpoder al que queden sometidos todos los Estados. Su estrategia ha pasado a ser una dosis moderada de paternalismo y entendimiento de conveniencia para con las masas. Reviviendo viejos mitos como libertad, igualdad, justicia y solidaridad, pese a que todo ello rezume sentido propagandístico, mantiene su atractivo para unas masas perdidas en el mercado consumista, que creen ver en ellos el alivio ingenuo de la materialidad en la que han sido condenadas a moverse. Aunque sean solamente palabras que responden a fines electorales, la experiencia ha demostrado que siguen siendo efectivas en la sociedad del espectáculo político. En esta panorámica de masas, el individuo común apenas interesa, con lo que pasa a ser espectador de la acción política de los otros, hombre objeto que simplemente vota por mimetismo allá donde le lleve la propaganda. Se muestran preferencias por los grupos pintorescos que dicen representar el modelo de libertad, por los concebidos para hacer ruido con el fin de desviar la atención del auditorio de lo sustancial o con otros que permiten generar noticias lúdicas que contribuyen a mantener el negocio de los medios de publicidad comercial. Inofensivos para los intereses de la burocracia, aunque perjudiciales para la mentalidad colectiva, debidamente canalizados se utilizan para multiplicar el efecto propaganda y garantizar votos. Mientras la individualidad ha dejado de existir, la particularidad grupal se impone a la generalidad, con la pretensión de debilitar la acción concertada de las masas. Asimismo la burocracia de los organismo internacionales e interestatales, esgrimiendo argumentos de intereses generales, aprovecha la oportunidad para anteponer los suyos. De un lado, siguiendo el juego al capitalismo, promoviendo medidas que protegen a sus empresas con la finalidad de recaudar más impuestos a costa de las masas; mientras animan el mercado del poder internacional a costa de los erarios nacionales. De otro, vendiéndose como pieza clave para la realización práctica del orden capitalista. Se trata en definitiva de hacerse imprescindible en ambos frentes, garantizando así su existencia.

Como instrumento utilizable en la lucha por la hegemonía entre burocracia internacional, burocracia local y capitalismo, el control del Estado-nación ha pasado a adquirir relevancia, tanto desde el replanteamiento del papel de la burocracia local, como de los nacionales. Los argumentos decisivos en este punto corren a cargo de la burocracia internacional. En primer término, un Estado- nación sólido llama a la desinternacionalización, lo que lleva a la pérdida de poder de esa burocracia internacional dominante. Por contra, el atractivo para la burocracia local sería la expectativa de un mayor grado de poder al ser liberada del peso de las determinaciones de una burocracia superior. Aunque en este caso el capitalismo mantuviera un sistema de control directo, el poder sería más enérgico para la primera. El argumento de contrario, utilizado por la burocracia internacional, es la amenaza del aislacionismo, lo que en una política globalizada grava sensiblemente el poder real del afectado. En conclusión, se ofrece la sumisión a las disposiciones de una organización superior a cambio de un mayor protagonismo en el panorama mundial. A nivel de masas se trata de promover la heterogeneidad de culturas, crear dispersión frente a la unidad nacional, porque en ello está la debilidad de los Estados y la fortaleza del Imperio. Para la burocracia internacional dar un mayor dimensión a valores fundamentales, sacándolos de los límites patrios para hacerlos universales, se convierte en estrategia para ganar apoyos colectivos, debilitar a los poderes menores y pasar a ser mentor político del sistema. Y así, por ejemplo, romper fronteras permitiendo la libre circulación y asentamiento, una vez declarado como derecho fundamental, deja entrever sensación de libertad a las gentes. La existencia de tribunales superiores más allá de lo local, recrea el sentido de una justicia técnica universal. En cuanto a la igualdad, consiste en el reparto de la recaudación favoreciendo a los desfavorecidos conforme a criterios de las altas esferas del poder internacional. Cultivar la solidaridad es sencillo, basta con encerrarla en un entramado de creencias convencionales dirigidas iluminadas por la caridad para debilitar el espíritu competitivo de los individuos, equilibrando así un panorama de masas gobernadas. En el fondo de la actuación queda la realidad de una burocracia gigantesca, privilegiada, despilfarradora que ha creado su riqueza a costa de los ciudadanos de los Estados comprometidos y que no está dispuesta a perder su lugar en el panorama político. Mientras, la burocracia local se siente complacida con su papel de figurante en el concierto internacional.

Puede apreciarse que la burocracia internacional ha llevado en último término la cuestión de la lucha por el poder frente al capitalismo al terreno de la seducción de las masas, fundamentalmente garantizando todos los derechos imaginables. El juego en este punto se sigue a nivel internacional y nacional. Vista la realidad, los derechos individuales nunca han dejado de ser una ficción orquestada para reforzar el poder de quien los otorga, porque las masas sólo se entienden como objeto de control y los derechos se reconocen o se ignoran a conveniencia. La invocación de los derechos humanos, políticos y civiles siguen siendo moneda para el tráfico político de quien aspira a tomar y conservar el control del poder. Lo real es que la libertad se define como libertad vigilada. En cuanto a la vida o la integridad se respetan en tanto no colisionen con intereses elevados. La justicia está pensada para reforzar al poder en sus expresiones de autoridad. En el caso de la igualdad, en el mejor de los supuestos, resulta ser para las masas, nunca para las elites. Si se habla de solidaridad, se reconduce a simples impulsos de caridad para satisfacer conciencias y sensibilizar a las masas. Además, cabe hablar de espíritu totalitario de la burocracia, ya que siempre aspira a entrar a saco en la intimidad de los gobernados, lo que se acentúa a medida que ve comprometido su poder, a tal fin utiliza controles y limita derechos, llegando a incurrir en la paradoja de anunciarse como garante de la libertad, pero todo lo justifica por el interés general. Frente a la parafernalia, hay una realidad acechante, se trata de la vieja demagogia, que es utilizada para manipular a la generalidad en beneficio de la particularidad. A la burocracia política, realmente los derechos individuales le son indiferentes, sólo útiles en cuanto instrumento para conservar empleo y poder. Su función es manipular, ofreciendo bagatelas a las masas, para colocarlas como escudo frente a las presiones del capitalismo, argumentando que es depositaria de la voluntad democrática.

Se trata de imprimir la sensación a nivel general de un paraíso de bienestar ficticio para todos, reservando el real para una minoría superior, alimentada con los frutos del tópico de la corrupción y otras minucias, junto con esa minoría sonora de desfavorecidos beneficiados con rentas básicas, mientras que la mayoría sólo contribuye al sostenimiento del modelo llamado avanzado. La realidad es que la burocracia percibe regularmente el importe de la nómina, como retribución a su ingenio para crear impuestos de todo lo existente. Otra postura, la del capitalismo, consiste en operar no tanto con los derechos de última generación como con los tradicionales, asociados al buen orden, y prioritariamente acudiendo al bienestar mercantilizado y a la mejora de la calidad de vida para los económicamente pudientes. El capital, disfrazado de cordero, especializado en convertir en negocio la existencia, se publicita con virtudes humanas, manteniendo despiertos a sus depredadores para saltar sobre la víctima transformando su existencia en dinero para las empresas.

¿Quién ganará la disputa en curso?. Es evidente que el ciudadano consumidor no cuenta con la fuerza necesaria para intervenir. Las otras partes acabarán por llegar a un entendimiento para repartirse el botín.

Dos posiciones enfrentadas

Proteccionismo frente a globalización, rótulos definidores de posicionamientos estratégicos para atraer a las masas, que burocracia y capitalismo utilizan a conveniencia al objeto de defender sus respectivas esferas de dominación. En lo que se presenta como lucha por el control del ejercicio del poder se trata de imponer dos versiones de un mismo film, variado en la forma pero único en el fondo argumental. El punto decisivo, en el que existe coincidencia por ambas partes, es utilizar a las masas para sus respectivos fines, invocando la defensa del interés general, mientras se las mantiene apartadas del ejercicio del poder. Al amparo de aquel principio secular, convertido en tópico, que ha venido siendo la incapacidad de las masas para autogobernarse, los selectos han acudido en su auxilio para poner orden en el estado de desconcierto. De tal manera que, en definitiva, las masas son vistas como el rebaño que necesita de un pastor para que las conduzca. La burocracia dirige a a las masas pero las desprecia, agobia al común y respeta a los grupos de intereses. Mientras que el capitalismo observa el panorama humano simplemente como consumidores a los que hay que vender productos. Ya se ha visto que los conductores de masas abordan la cuestión del dominio general desde sus particulares planteamientos, pero siempre dejando a salvo la condición elitista, jugando a situar en primera línea el protagonismo de las masas, imponiendo de facto el principio de superioridad de esa minoría dirigente que asume la función directora de todo lo institucional. Lo novedoso con el capitalismo es que, suavizando esta tendencia, el personalismo de los gobernantes y la institución como persona física son reemplazados por la persona jurídica que sirve de cobijo al grupo dominante, subyacente tras la figura temporal dispuesta para imprimir aires de renovación a una misma realidad -la alienación del poder de la sociedad- que se prolonga en el tiempo, sin sujeción a plazo de caducidad.

Pulsando la opinión pública, la burocracia ha encontrado en los derechos de los individuos y la democracia el filón para definirse como poder, puesto que el capitalismo la ha asignado el funcionamiento normativo del sistema. Desde esta referencia ha creado su particular modelo de orden, discordante en puntos con el previsto por el capitalismo, y además ha asumido el papel protector de las masas frente a los abusos del empresariado capitalista, al objeto de entregarlas a los abusos burocráticos. Lo fundamental en ambos extremos es que la burocracia actual ha salido de los estrechos límites fijados para la burocracia burguesa por el capitalismo, tomado impulso hacia la autonomía. Así, la burocracia política ha avanzado más allá del papel asignado en los modelos de Estado-nación y la burocracia técnica ha encontrado a su amparo el sostén imprescindible para su desarrollo. La diversificación de funciones institucionales para incrementar las competencias de la política, y con ello el espectro del poder, requiere mayor asistencia técnica, lo que a la vez lleva a la especialización y a acudir al auxilio de expertos. Ambos componentes están sujetos a los elementos personales integrados en una ingente burocracia laboral de la que depende el funcionamiento del sistema.

Pero, ¿qué demanda la burocracia frente al capitalismo?. Resulta coherente la postura de la nueva burocracia, reclamando el papel de árbitro y guardián del desarrollo de lo político y la exclusividad de su función en el orden de la política y la administración. En el marco de la burocracia, esto es la clase que vive de poner en práctica el funcionamiento del aparato estatal con exclusividad respecto a la ciudadanía común, en la que se diferencia la parte política de la técnica, mueven sus pretensiones desde la razón que las fundamenta. Una, está legitimada en su ejercicio por la democracia; la otra, por el mérito, ya sea determinado legalmente o derivado de de situaciones de hecho. Lo sustancial en las demandas de ambas burocracias ofrecer como garantía la eficacia y la profesionalidad.

En su rama política, la burocracia se mueve como representación del sentido político de los individuos que integran un pueblo, expresado desde una perspectiva de minoría selecta. Aquí la cuestión previa reside en determinar la condición de político como el que vive y ejerce como político, excluyendo a quien ocasionalmente aspira a ejercer como tal. Con la democracia representativa la legitimidad viene dada a través de las elecciones, un proceso de señalamiento a ciegas por el que el llamado pueblo, a través de sus individuos privilegiados, se entrega sin condiciones a las determinaciones de los que finalmente resulten mayoritariamente situados en el organigrama del poder estatal. El requisito de inserción en un partido sigue siendo imprescindible, para ello no basta ser simpatizante o benefactor, se requiere el compromiso de ejercer la profesión de político. Contando con los avales derivados de la legitimidad democracia y la profesionalidad, la burocracia exige poder autónomo, porque, a través de la primera, cuenta con el respaldo jurídico y, desde la segunda, con el privilegio de clase. Dicen que la democracia es un proceso abierto, en el que el pueblo elige sin interferencias 22; en cuanto a la profesionalidad la determina el partido contando con criterio apropiado para ello. De aquí se deriva que al ejercicio político sólo acceden los mejores, según la apreciación del electorado y del partido, de conformidad con la defensa de sus presupuestos ideológicos o simplemente los intereses del grupo. Si además la democracia representativa define el marco de desarrollo de la política, el poder económico jurídicamente no tiene cabida de primera línea en la actividad, al igual que sucede en el caso de las masas, una vez que han sido recogidas electoralmente sus preferencias.

En su rama técnica, se insiste en la profesionalidad y la clase, orientadas a garantizar el puesto de trabajo. Si los políticos son los mejores, conforme a la percepción del electorado, los técnicos lo son en virtud de las apreciaciones de otros técnicos. En ambos casos la idoneidad parece estar garantizada. Sin embargo no es pacífica, por cuanto al amparo de la veterana teoría de la división de poderes, la burocracia legislativa pide abrir las puertas a una legislación plural frente a la que respalda intereses del grupo dominante 23. En el caso de la actividad de juzgar, la burocracia técnica reclama poder total en su función; en cuanto al ejercicio del poder residual de quien lleva a la práctica las determinaciones políticas en la escala jerárquica del Estado, aspira a acogerse a su interpretación última de la ley. No obstante, el frente burocrático del poder unifica posiciones, porque en la coincidencia de intereses reside la garantía mutua del empleo y el mantenimiento de la posición privilegiada. En un mundo de masas, la prepotencia de la burocracia técnica es el argumento de la distinción social, a menudo amparado por los poderes primarios, de ahí que trabajar para el Estado sea visto por el administrado como un privilegio añadido que rompe con el principio de igualdad legal. Para la burocracia política, la parte técnica se hace indispensable, por cuanto sin su existencia las disposiciones de gobierno serían irrealizables 24.

• 22 En la práctica los procesos electorales vienen a demostrar lo contrario, ya que información, desinformación, publicidad y propaganda operan utilizando todos los medios posibles para atraer a los votantes a su terreno, con independencia de verdades, falsedades, creencias e intereses.

• 23 La legislación que se mueve en los términos fijados por un partido dominante, frecuentemente no responde a valores y necesidades reales, sino a los diversos intereses del grupo o grupos mayoritarios. En consecuencia, la pluralidad de las cámaras queda desnaturalizada y entregada a la práctica de una legislación florero o formal, nunca coincidente con el auténtico interés general.

Esta es la expresión Partiendo de la ley, la política y, en general, la marcha del sistema descansan en la burocracia técnica. La ley se aplica, inaplica o se ignora a criterio de las conveniencias de los empleados estatales tratando de buscar cualquier resquicio legal o acudiendo a la legalidad inventada. La política, al pasar por el filtro de los guardianes de una supuesta legalidad, que se mueve al hilo de su jurisprudencia adaptativa, acaban por corregirla, enmendarla o transformarla a su medida. El sistema sólo puede ser operativo desde quien le concede la forma real definitiva. Ante esta situación, el problema reside en que la ciudadanía, a diferencia de lo que sucede con la burocracia política, frente a la que cuanto menos cuenta con el auxilio del voto, no dispone de ningún control sobre la actividad de la burocracia técnica, sujeta a la jerarquía orgánica que, aunque resulte paradójico, acaba por hacerse dependiente de las determinaciones de los propios subordinados.

Como el Estado no funciona sin burocracia, el capitalismo no puede renunciar a ella, pero quiere ponerla en su lugar. Frente a la idoneidad para el desempeño de las funciones de gobernabilidad acreditadas por la burocracia, el capitalismo, eficiente en lo económico, carece de eficiencia demostrada en la actividad política directa. Por tanto, ¿qué postula el capitalismo?. Como sustitutiva de la profesionalidad ofrece originalidad y, sobre todo, la garantía del dinero. Aun así se encuentra con el problema de que no puede prescindir radicalmente de los políticos de clase. La estrategia del capitalismo se encuentra dividida, se mueve entre la necesidad del imperialismo empresarial, con los riesgos de que se facilite el desarrollo de una burocracia internacional fiscalizadora, y las demandas de los países hegemónicos, que ven como se diluye su identidad nacional. Para el desarrollo económico lo primero es fundamental, pero hay que tener en cuenta que sólo puede ser amparado por un modelo político de naturaleza hegemónica para mantener su control. No es posible el imperialismo del capitalismo sin un Imperio capitalista sostenido en el soporte sólido del Estado-nación. Si este se hunde, se trata de reflotarlo. Y es esto lo que propone el capitalismo, volver al Estado-nación recuperando la base del control político para continuar ejerciendo la hegemonía de bloques sobre los Estados débiles. El problema surge porque al atender las demandas de los nacionales se corre el riesgo de perder hegemonía internacional, practicando política interior frente a la política de puertas abiertas. No sólo eso, en lo económico, con el sistema de empresas multinacionales, en las que la prosperidad del negocio depende de la expansión ilimitada en base a la seducción comercial de las marcas a nivel mundial, el principio proteccionista hace reflexionar al mercado sobre el papel de compradores.

Probablemente la pérdida de identidad del Estado-nación dominante, útil a la burocracia internacional, contribuya al deterioro del modelo político establecido por la ideología del capitalismo. El argumento central es que el orden capitalista se construye desde los Estados, pero no desde cualquier Estado, sino partiendo del Estado-nación que ha adquirido la condición de Estado hegemónico. Respecto a las instituciones internacionales, son solamente una estrategia de dominación auspiciada por el Estado hegemónico de la que se ha aprovechado la burocracia.

Considerada en su perspectiva social, la heterogeneidad es
útil para el desarrollo empresarial porque vende más, pero debe
permanecer bajo control en cuanto suponga amenaza para la identidad nacional.
La política internacional que diseña un panorama de masas heterogéneas,
para facilitar su dispersión en términos de unidad
de acción, invocando argumentos propagandísticos acudiendo a la
referencia de los derechos humanos, de los que se convierte en protectora exclusiva,
sólo responde al claro propósito de reforzar su poder. Aunque
el capitalismo, beneficiado empresarialmente por el negocio, se ha expandido
sin límites, aspira a recuperar el control desde el modelo primitivo:
el Estado-nación fuerte. Al final ha optado por reforzar el Estado hegemónico
desde una política capitalista en las que la burocracia tradicional es
apartada provisionalmente del primer plano sustituida por empresarios. La escaramuza
en torno al control del poder se encuentra en curso.

Una última observación

Resulta que el capitalismo ha venido perdido el control de parte de las decisiones políticas que anteriormente se adoptaban en el marco del Estado-nación. Ante la evidencia, se ha visto obligado a replantear su modelo, la posición de la burocracia y la idea de las masas. A tal estado parece haber llegado por lo que se entiende como manifestación de autocomplacencia. En el convencimiento de que su sistema de poder era insuperable, por cuanto disponía de la fuerza real, no parecía haber caído en la cuenta de que a su amparo se definían nuevas fuerzas que entraban en litigio. De un lado, la burocracia que se hace imprescindible y lucha por mantenerse en su lugar privilegiado. De otro, las masas consumidoras que reclaman garantías para el mantenimiento de su bienestar.

Ahora pretende retomar el mando, por una parte, entrando en confrontación con la burocracia, situando en los centros de poder a sus representantes y, por otra, tratando de ilusionar a las masas del Estado hegemónico, volviendo a la referencia política del Estado-nación líder. Sin embargo, no puede ignorar que cualquier estrategia política tiene que conciliar posiciones, tanto con esa burocracia que reclama autonomía en el ejercicio del poder, como con el sentido de lo político de los consumidores. Irreflexivamente la élite del poder ha tratado de construir un Estado hegemónico abiertamente ordenado directamente desde la dirección política capitalista, pero la solución llega tarde. Ante una burocracia de nuevo cuño plenamente consolidada y una sociedad consumista sin paliativos, la política no puede dictarse desde los personalismos, ya sean capitalistas o burócratas. Si se pretende cambiar para que nada cambie, no se ofrece otra vía que recuperar la política del consenso para tratar de evitar el desbordamiento de las masas ilustradas que, superando los tópicos prefabricados por el propio sistema capitalista, reclama en silencio ejercer su propio gobierno sin tutelas elitistas.

Autor:

Antonio Lorca Siero

Mayo de 2017